El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se anotará un gran punto a su favor si una vez recibido el voto de confianza, cosa que parece que va a suceder, logra hacer que el Estado ejerza su autoridad, actúe dentro de sus facultades y permita a la empresa privada llevar adelante el proyecto minero Tía María, que viene siendo usado por un grupo de políticos que se hacen pasar por ambientalistas con miras a la campaña presidencial del 2016.

Cateriano ha hecho el anuncio hace unos días, y eso estuvo muy bien. No obstante, quizá tenga que lidiar con el propio presidente Ollanta Humala, quien ya en años anteriores, por falta de decisión y convencimiento, impidió que el proyecto Conga se lleve a cabo, situación que pasa factura no solo a los cajamarquinos que han perdido empleos, sino también al resto de peruanos que ve reducidas las cifras de crecimiento, arrastradas en gran parte por la menor actividad extractiva que tenemos hoy.

Ayer por la tarde, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha remitido una comunicación que indica que el segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto en mención levanta las observaciones hechas inicialmente y aclara que para la extracción se usará agua del mar que será desalinizada. También se señala que el polvo no afectará las zonas aledañas y que los técnicos del sector se encargarán que supervisar a fin de que las regulaciones ambientales se cumplan.

Sin embargo, como siempre, grupos de estos llamados ambientalistas, sin mayor argumento, insisten en rechazar el proyecto de mil 400 millones de dólares en nombre de la defensa de la naturaleza, los ríos y las plantas que, según dice el MEM, no están en riesgo. ¿Quién entiende a esta gente? ¿Tantas ganas tienen de hacer ruido y llamar la atención de los votantes como para trabar sin razón alguna un proyecto que puede impulsar gran parte de la región sur del país?

El país no puede darse el lujo de dejar pasar un proyecto de semejante envergadura por acción de gente que ha sido capaz hasta de atacar a pedradas una estación de bomberos -algo pocas veces visto en el país, pues incluso en los barrios más bravos los de rojo suelen ser respetados- y que cuando caen en manos de la Policía y la ley, salen, como siempre, a alegar que se están violando sus derechos humanos o que se está “criminalizando la protesta”. Cateriano debe de actuar acá con mucha firmeza.