Escuchaba ayer lunes al alcalde de Piura responder ante un reportaje de Panorama del domingo, que su gerente general había renunciado porque era una cuestión de confianza, que las acusaciones le habían quitado credibilidad. Me quedó la impresión de que el alcalde sentía que con eso se quitaba un peso de encima. Hace un tiempo, les contaba aquí cómo hacía un muchacho para mantenerse empleado en una dependencia pública bajo el control del gobierno regional. “En realidad, aparte del vínculo por haber trabajado en la campaña electoral, solo debo cumplir con aportar una parte del sueldo. Si gano 1500 debo entregarle 500 al funcionario de ese sector, el que decide quién ingresa en Salud por ejemplo. Lo mismo hacen los de Educación, los de Transportes, etc. Si ganan 1200 deben entregar 300 y así porcentualmente. Todo es verbal y sin ningún comprobante”. Insistía yo en preguntarle si podía obtener pruebas -grabaciones por ejemplo- de esas entregas de dinero y en lo bueno que sería para cortar esos procesos de corrupción. “¿Y qué gano, que ya no pueda conseguir trabajo?”.

Estos escándalos motivan que la gente salga a pedir la cabeza de los gobernantes. Pero eso no soluciona nada. El alcalde o gobernador que lo reemplace pasará a formar parte de una estructura de corrupción ya organizada.

La gente da por supuesto que en el sector privado cada uno se preocupa primero por sus propios intereses, y que en el sector público, la vida de las ciudades gira exclusivamente sobre lo que deciden y pueden hacer dos instituciones, los gobiernos regionales y las municipalidades. Lo extraño es que la gente no quiere convencerse de que es la corrupción la que paraliza las ciudades. Pocas excepciones entre dos extremos: de un lado los viejos funcionarios que parasitan y coimean amparados en su “estabilidad laboral” y las aves de paso, depredadores que tienen los días contados para cosechar todo lo que puedan hasta que cambien de equipo de gobierno. Si realmente tuvieran voluntad de combatir la corrupción ambas instituciones deberían, como la Policía, ofrecer recompensas y usar tecnología para cazar ratas burocráticas. Nadie quiere invertir en la transparencia, porque saben que trabajar delante de una vidriera te obliga a hacerlo de verdad. Probemos y veremos.