Los chilenos están pasando por un estrés jurídico que los está consumiendo, y lo voy a explicar. Primero, el Perú los derrotó con la razón del Derecho en 2014, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) estableció en su sentencia el límite marítimo entre los dos países, otorgándonos más de 21,000 km2 de mar que estaban, hasta ese momento de facto, en poder de Chile; y ahora la diplomacia chilena acaba de tener una nueva derrota en la Corte, esta vez frente a Bolivia, cuando la CIJ rechazó su pedido para que no continúe el juicio principal incoado por La Paz. Chile está jurídicamente debilitado y sus abogados entran en pánico porque el escenario de la derrota definitiva en la Corte podría materializarse con un fallo que obligue a Santiago a sentarse a negociar con los altiplánicos su aspiración de contar con una salida soberana al mar. El realismo político de la posible derrota chilena los estaría llevando, entonces, a aplicar la misma estrategia desarrollada en Charaña, en 1975, cuando el presidente Augusto Pinochet ofreció a su homólogo boliviano Hugo Banzer un corredor soberano al Pacífico por el norte de Arica a sabiendas de que se frustraría porque el Perú jamás lo aceptaría en los términos que Santiago pretendía. Ahora Chile busca desesperadamente crear una controversia -que no existe- con el Perú y será su mayor pretexto para que cuando llegue el momento de la referida negociación con Bolivia, obligado por el fallo, tramposamente le dirá que no será posible el arreglo porque mantiene una “controversia” con el Perú. Un “plan de contingencia” impropio de los códigos de la moral de la negociación diplomática. 

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