Colombia y el (alto) precio de la paz

Si yo fuera colombiano, votaría por el “no” este domingo en claro rechazo al acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC. Si yo fuera colombiano, sentiría que las autoridades de mi país han claudicado de sus obligaciones y no solo se han entregado al facilismo de un armisticio injusto y ofensivo para los muertos civiles de la guerra, sino que se han prodigado en hacerlo decididamente favorable a quienes se aliaron con el narcotráfico, el secuestro y la muerte. Los beneficios que recibirán las FARC son los términos de una claudicación y representan los intereses de un precio oneroso, demasiado alto para quienes promovieron medio siglo de guerra. Y para quienes respondan que el logro de la paz requiere sacrificios, describo algunos de los puntos del acuerdo: 1) Entrega de 8 millones de pesos por guerrillero por única vez al inicio del proceso. 2) Renta mensual básica de 620,000 pesos durante 24 meses. 3) Dos millones de pesos a cada guerrillero al final del proceso. 4) Representación asegurada en cinco curules del Senado. 5) Representación asegurada en cinco curules en Diputados. 6) Amnistías o indultos por delitos políticos y conexos. 7) Tribunal especial para la paz en casos de delitos graves. 8) Las FARC no podrán ser extraditadas. Hay otros beneficios, pero estos son los principales. Colombia tiene derecho a buscar los vericuetos de la paz por las rutas más esquivas, pero yo me complazco de la reciente indignación de un país como el Perú, que no solo lapidaría la décima parte de un arreglo similar con Sendero Luminoso, sino que no le permitirá marchas, apologías o mausoleos de ninguna naturaleza.