Nuevamente el accionar de grupos de radicales antimineros que se oponen a la extracción formal y la inacción del Estado para prever y responder adecuadamente acciones violentas han llevado a un enfrentamiento en Apurímac, donde cuatro personas han perdido la vida, tal como en el pasado ocurrió por el rechazo al proyecto aurífero Conga (Cajamarca) y el cuprífero Tía María (Arequipa), lo que ha ocasionado millonarias pérdidas al país.
Por un lado, tenemos a esta gente ideologizada que, como era previsible, ha comenzado a mostrar las garras conforme se vienen las elecciones, pues hacer ruido, levantar polvo, hacer que se vean cabezas apedreadas y hasta cargar un ataúd por las calles les favorece. Es su forma de hacer campaña y que sus nombres comiencen a aparecer en los medios bajo el rótulo de “ambientalistas”, en complicidad con ciertos medios y opinólogos que les hacen el juego.
Frente a esto que no es nuevo, ¿qué hace el gobierno del presidente Ollanta Humala? Pues dejarse arrinconar por estos revoltosos, tal como sucedió con Conga en 2011 y Tía María en 2015, cuando la inversión privada, pese a cumplir con los requisitos que exige el Estado, tuvo que tirarse para atrás ante la presión de los violentistas y un régimen que ante eso prefiere mirar al cielo y ponerse a silbar, al tiempo que afirma que ya hizo lo suyo y que es hora de que las empresas comiencen a trabajar. De Ripley.
Ante estos nuevos hechos de violencia ocurridos como parte de un paro contra el proyecto Las Bambas, que se inició el viernes pasado, cabría preguntarse dónde estuvo la labor de previsión del Estado a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), ese organismo que sigue cumpliendo encargos nada santos en contra de opositores y críticos al humalismo, en lugar de hacer lo que las leyes le encargan a favor de la seguridad y el orden público.
Un país con una economía en problemas como la nuestra nunca debió darse el lujo de actuar con debilidad ante los revoltosos que se oponen a las actividades extractivas debidamente supervisadas por el Estado, las cuales generan trabajo y riqueza. Tremendo error el de permitir que esos “ambientalistas” le tuerzan el cuello a punta de piedra, huaraca y llanta quemada. Es de esperarse que desde julio de 2016 veamos una administración que actúe con energía, tal como la ley manda.
