La situación en la frontera entre Colombia y Venezuela se ha puesto al rojo vivo. Desde que el presidente llanero Nicolás Maduro impuso el estado de excepción en seis municipios del fronterizo Estado de Táchira, luego de que un ataque de supuestos paramilitares colombianos hiriera a tres miembros del ejército venezolano, el tenso clima de la relación bilateral se ha agudizado.

En menos de 72 horas se ha producido una ola de deportaciones de ciudadanos colombianos (200); muchos de ellos han sido arrancados de las casas en que vivían desde hacía 10, 15 y hasta 20 años. El cierre abrupto de la frontera, una de las más extensas (2219 kilómetros) y pobladas de América del Sur, ha creado una crisis social y humanitaria alarmante, cuyo cuadro ya podría ser calificado de un éxodo de refugiados si las evidencias confirman que se han pisoteado los derechos humanos. Maduro, que sabe perfectamente que en esa zona de la frontera existe un alto índice de delincuencia y contrabando, podría haber aprovechado la situación para sembrar la idea -como también la tuvo el desaparecido Chávez- de que fueron paramilitares que buscan desestabilizar a su gobierno desde ese rincón del país.

Así, Maduro, a pocos meses de las elecciones parlamentarias en Venezuela, estaría creando un enemigo externo para distraer la crisis económica interna. Suma el hecho de que ambos países aún mantienen una diferencia limítrofe sin que tenga visos de solución en el corto plazo. Ambos gobiernos deberán resolver la crisis con urgencia, pues los derechos humanos son los que están en juego.