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Pedro José de Zavala

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Cuidado con la corrupción

Los indicios de corrupción del exasesor presidencial Carlos Moreno han puesto en evidencia una realidad que tarde o temprano el gobierno del presidente Kuczynski tenía que enfrentar.

09 de Octubre del 2016 - 07:47 Pedro José de Zavala

Los indicios de corrupción del exasesor presidencial Carlos Moreno han puesto en evidencia una realidad que tarde o temprano el gobierno del presidente Kuczynski tenía que enfrentar. Estos hechos afectarán de manera negativa su imagen y la de su gobierno, a pesar de la acertada acción del premier Zavala de denunciar al funcionario ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, hecho que puede mitigar de alguna manera el impacto.

Existen dos razones fundamentales que hacen que sea inevitable -o casi inevitable- que este tipo de hechos se repitan en un futuro cercano, dentro del Gobierno.

La primera de ellas es que si bien el Gobierno cambia, muchos de los funcionarios públicos continúan siendo los mismos y los antiguos vicios no desaparecen de la noche a la mañana. La segunda razón es que aunque el Gobierno tenga la mejor de las intenciones en la designación de funcionarios probos en puestos de confianza, nada asegura que se equivoquen en la selección de los mismos, y que se produzcan situaciones como las generadas con el asesor Carlos Moreno.

La corrupción, lamentablemente, se ha generalizado, y no solo en el Perú, sino en toda América Latina. Esto dificulta el desarrollo, no solo porque una parte del dinero invertido por el Estado queda en manos de malos funcionarios, sino porque además la corrupción es un incentivo perverso que fomenta el desarrollo de obras no prioritarias, contratadas a precios excesivos. Ejemplos de estas acciones en los anteriores gobiernos sobran.

El problema suscitado por el exasesor debería poner en alerta al Gobierno. Este debe buscar fortalecer y desarrollar mecanismos de “denuncia temprana” que logren poner al descubierto la intención de corrupción. Una vez que las obras son otorgadas y los contratos firmados, los mecanismos judiciales y el Estado mismo suelen ser muy lentos para resolverlos. Como en el caso de los patrulleros adquiridos al gobierno de Corea del Sur, unidades que aparentemente no son adecuadas para servicio policial, permanecen sin uso y no sabemos aún cuándo entrarán en servicio.

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