¿Vamos a renegociar el contrato de Camisea? ¿Se regularán los créditos de consumo? ¿Por cuántos años más seguirá siendo la minería el motor del crecimiento? ¿El Estado tiene que jugar un papel más activo en defensa del consumidor? ¿Cómo mejoramos los procesos educativos en el país? Estos y otros temas deberían ser discutidos en medio de la campaña electoral. Lamentablemente estamos secuestrados por un debate sobre impugnaciones, nulidades, tachas y sanciones antes que por la contraposición de planes y programas. Hemos retrocedido tanto que discutimos si se debe aplicar la ley de igual manera para todos o no.
Y los irresponsables de siempre -acostumbrados a hacer de sus paranoias y sospechas pruebas de delitos- hablan de fraude con la misma ligereza con la que ingresaron a hacer política. Y sin aceptar responsabilidades, señalan a los fantasmas que les quitan el sueño como responsables de los complots que solo existen mientras duermen.
Desafortunadamente, el quehacer político ha quedado en manos de asaltantes de carretera, advenedizos que pretenden arreglar su situación social, económica o legal buscando capturar a una porción del electorado. La política tiene que volver a ser un ejercicio que llene de honor, que muestre nuestra solidaridad con los demás y no nuestra ambición, una muestra de caridad y no de vanidad.
El Jurado Nacional de Elecciones puede ayudar a la depuración con solo decidir aplicar la Ley. Sin mirar el poder político o económico puede retirar del mercado electoral a aquellos que quieren entrar sin pasar por las mismas vallas que todos cumplen.
