En el complejo escenario económico del Perú, la interacción entre la inflación, recesión y desaceleración genera una constelación de desafíos significativos para el gobierno, la clase política y la población.

En este escenario, la inflación erosiona del poder de compra, y se traduce en una disminución de la capacidad adquisitiva de las familias. La incertidumbre que genera esta situación desalienta las inversiones y altera el equilibrio en los mercados.

Por otro lado, la recesión conlleva amenazas más severas. El desempleo, consecuencia directa de la disminución de la demanda agregada, afecta los ingresos y el consumo. Este último, a su vez, retroalimenta la recesión al afectar a las empresas, creando un círculo vicioso que resiente la dinámica económica del país.

En cuanto a la desaceleración económica, si bien menos abrupta que la recesión, puede empantanar el crecimiento. La reducción de inversiones y la afectación de la balanza comercial merman la capacidad de expansión y la competitividad en el mercado global.

En este aspecto, el gobierno no está ayudando mucho. En el caso de la ejecución del Presupuesto General de la República, que alcanza a 242 mil millones de soles, solo se tiene un avance del 50% al octavo mes de gestión. Es especialmente preocupante la inversión pública, que representa en promedio el 6% de la actividad económica del país; de los 65 mil millones asignados, apenas un 34.4% se ha ejecutado, según datos oficiales del MEF.

Es imperativo que el acuerdo político en pro de la gobernabilidad se traduzca en acciones directas y concretas. La inseguridad ciudadana actúa como catalizador, dirigiendo la atención popular hacia propuestas demagógicas para el cambio del sistema y modelo. El desafío es considerable. Los grupos extremistas transmiten el mensaje de que ni la derecha ni la izquierda, bajo este modelo, resuelven los problemas de la población. Quizás, la aventura de un giro en otra dirección resulte atractiva para sectores que tienen poco o nada que perder.

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