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El Estado es el mayor adquiriente de bienes y servicios en cualquier parte del mundo, y el Perú no es una excepción. El Gobierno invierte aproximadamente S/45 mil millones al año en proveedores de bienes y servicios. Sin embargo, son precisamente esos proveedores los primeros en vulnerar la normatividad vigente en materia ambiental y laboral. Tenemos al Estado financiando la informalidad.

Hace poco conocí el trabajo del regidor Carlo Ángeles y la forma en la que desde Lima viene impulsando el concepto de Compras Públicas Sostenibles, logrando que el Concejo Metropolitano lo declarase de interés prioritario. Además, ha impulsado la propuesta en la provincia de Bagua y ha tenido el apoyo de Electro Oriente.

La propuesta contempla replantear la forma en la que compra el Estado, identificado los productos y servicios que más compra y que mayor impacto ambiental tienen.

Luego, busca realizar una reingeniería de estos productos y servicios priorizados para que se rijan bajo el concepto de Economía Circular. Finalmente, se plantea un plan de transición para incorporar estos criterios en un plazo multianual.

De este modo, el Estado puede influenciar positivamente con su poder adquisitivo para generar una transición hacia una Economía de Sostenibilidad.

En un corto plazo se ha logrado ampliar este debate en 50 instituciones públicas y ahora el reto es ampliar este debate y acciones concretas al Gobierno Nacional. La iniciativa está planteada y parece haber llegado el momento de las Compras Públicas Sostenibles.