A pedido del fiscal Germán Juárez, anoche el juez Richard Concepción Carhuancho ha dictado arresto preventivo de 18 meses contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, una medida que debe ser acatada de inmediato, guste o no.
Sin embargo, el que defendamos el cumplimiento de un fallo judicial no quita que expresemos algunas reservas sobre la dura medida aplicada por el mencionado magistrado contra el exmandatario y su esposa, la cual fue resuelta sobre la marcha, frente a las cámaras de televisión, sin un análisis mayor que ojalá pueda darse en la segunda instancia, que en pocos días podría revocar el arresto dispuesto anoche.
Resulta extraño que el juez haya tenido en cuenta, para dictar el arresto de Humala y Heredia, el contenido de unos audios relacionados con el caso Madre Mía, el cual no es parte del proceso por lavado de activos; y que haya afirmado, por ejemplo, que el contrato de la ex primera dama ante la FAO era fraudulento, pues hasta el momento ninguna autoridad así lo ha determinado.
Tampoco fue tomada en cuenta la entrega de los pasaportes, como un gesto de que no se iban a fugar del país.
En Correo hemos aportado muchos indicios a las presuntas malas artes de la ex “pareja presidencial”. Sin embargo, con la misma convicción con que las hemos hecho públicas, tras la debida constatación, creemos que la justicia debe ser más rigurosa en este y otros casos, pues tener un presidente sentenciado, otro prófugo y ahora un tercero arrestado de forma preventiva daña la imagen del país.
