En la actual coyuntura política peruana, la competencia por el poder ha permeado de manera notable en los recovecos del sistema de justicia. En particular, se observa una aguda rivalidad entre dos posturas dentro de la Fiscalía de la Nación, delineando un panorama complejo y, en muchos aspectos, preocupante.
Por un lado, se presenta un grupo arraigado por más de dos décadas, estrechamente vinculado a una organización no gubernamental asociada a la influyente Open Society. Por otro lado, emerge una facción que aboga enérgicamente por la defensa de la institucionalidad del Ministerio Público. La contienda entre estas dos fuerzas no solo representa la pugna por el poder en sí, sino que también arroja luz sobre las diferentes visiones sobre el papel de la justicia en el país.
En el trasfondo de este conflicto, se encuentra la Junta Nacional de Justicia, creada durante la gestión de Vizcarra. En aquel momento, aprovechando el escándalo de los “Cuellos Blancos”, se desarticuló el Consejo Nacional de la Magistratura y la carrera fiscal. En días recientes, hemos sido testigos de la suspensión de la fiscal Benavides y del resurgimiento de la influencia de la mencionada organización no gubernamental.
En las próximas semanas, la administración actual de la fiscalía buscará consolidar su posición mediante la detención de líderes políticos o autoridades en funciones, acusándolos de pertenecer a organizaciones criminales.
Es imperativo que el Congreso sea consciente de que no se puede entablar coqueteos ni negociaciones con la casta “caviar-progre”. Siguiendo la analogía de la fábula de Esopo sobre el escorpión, siempre llevarán consigo una daga, incluso en momentos que aparentan ser amigables. La caviarada, los zurdos y los progres no puede renunciar a su ADN ni actuar en contra de ella. Si no extraemos lecciones de la historia, estamos destinados a repetirla.
