Resulta cierto aquello de que en cualquier otro país -menos en el Perú- escándalos como el reglaje de los servicios de inteligencia a los adversarios políticos del régimen y el masivo rastreo a las propiedades de congresistas, alcaldes, empresarios y periodistas (denunciados por esta Casa Editora, vale decirlo) se traerían abajo a la Primera Ministra y al propio Gobierno.

Pero, insistimos, estamos en el Perú y, al menos, prospere o no la censura a la premier Ana Jara, el jalón de orejas al Gobierno -sobre todo de parte de la ciudadanía- está medianamente dado.

La titular de la PCM y el Presidente de la República no han podido rebatir las evidencias de estas prácticas ilícitas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la costosa factura la tendrán seguramente en el tiempo, en las próximas elecciones de 2016 quizá, cuando el Partido Nacionalista, comandado por Nadine Heredia, apele otra vez al voto popular en busca de respiro político.

Esto será extensivo para las bancadas y agrupaciones que, aun sabiendo que se trata de artimañas delicadas, anteponen sus intereses (cuidado con los arreglos bajo la mesa y la famosa repartija) y prefieren lanzarle un salvavidas a Ana Jara bajo el argumento de que la censura y la consiguiente caída de todo el gabinete traerían más zozobra para el país.

Este Congreso alza la voz cuando las cámaras están prendidas y el figuretismo contestatario así lo demanda, pero cuando las sombras caen sobre el Hall de los Pasos Perdidos, todo resulta posible, incluso que algunos padres de la patria dejen de ver el espionaje de la DINI como un atentado contra la libertad de cualquier peruano.