La progresividad de los derechos humanos está claramente dispuesta en nuestra Constitución y en tratados internacionales. Así, los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se deben interpretar sobre cualquier otra norma jurídica.
En efecto, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución señala: “las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (…)”.
No debemos entender la progresividad únicamente sobre el derecho universal y progresivo a la seguridad social contenido en el artículo 10 de la Constitución. Debe ser entendida como un principio que impide se afecte o se retroceda en derechos fundamentales, además de hacer vigente la Constitución y tratados frente a nuevos hechos y circunstancias sociales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos debe ser coherente con su objetivo, lo cual no se evidencia a la luz de diversos casos que se presentan en nuestro país, en los que se favorece a terroristas.
Caso Lori Berenson, la CIDH ordenó que se le pague treinta mil dólares (U$30,000); caso María de la Cruz Flores, el Perú tuvo que pagar US $319,000 a la citada terrorista, sentenciada a 20 años de prisión y en su momento prófuga de la justicia. Caso María Loayza Tamayo del grupo terrorista Sendero Luminoso, la CIDH ordenó indemnizarla con US$ 50 mil y dejar sin efecto su condena de 20 años de prisión. Caso del sindicalista Pedro Huilca, se atribuye arbitrariamente su asesinato al grupo Colina y se dispone el pago de indemnización a familiares de US 270 mil, y muchos más.
Últimamente, se han reabierto los casos de Víctor Polay y Artemio. El doble estándar de esta tremenda Corte se materializa en su sesgo político contra Alberto Fujimori, indultado legalmente. Gracias a esta, Corte quien combatió y derroto al terrorismo, está preso; y a quienes enlutaron al Perú, se les premia con dinero manchado con la sangre de las víctimas del terrorismo.