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Ayacucho estuvo nuevamente en el centro de la atención por un caso de violencia contra la mujer. Esta vez ocurrió una violación grupal, de por lo menos cinco personas, a una menor de 16 años, quien falleció días después. El hecho y los posteriores comentarios de abogados y autoridades judiciales, descartando la cadena perpetua para los violadores, han generado rechazo e indignación entre los peruanos.

Ante estos sucesos, algunos especialistas han advertido que las autoridades deben incidir en trabajos de atención de la salud mental de los pobladores. Por ejemplo, la coordinadora de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de Ayacucho, Irma Taype, dijo que esa región fue una de las más afectadas por la violencia en los años ochenta y noventa, y que aún hay rezagos que no han podido ser superados. “Lamentablemente, el tema de la salud mental está postergado y las autoridades no incluyen ello dentro de sus prioridades, y eso es preocupante”, añadió.

Después de escuchar el testimonio del joven Julio César Campos sobre la violación, no hay duda de que se deben realizar inmediatamente proyectos en salud mental. “Casi todos se fueron encima, yo los estaba acompañando y todos se fueron encima y ya no había ni control ni nada”, reveló.

Es evidente que paralelamente deben implementarse políticas de protección a las menores, como lo ha reclamado la congresista Tania Pariona, quien ayer se reunió con representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil en Huamanga.

Se necesita una reacción de las autoridades para que lleven a cabo un plan determinado contra la violencia. No pueden seguir dando una imagen de incapaces.

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