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De acuerdo con una encuesta elaborada por Ipsos Perú, el 78% de la población peruana tolera la corrupción. Sería interesante saber qué porcentaje de peruanos, no solo la tolera, sino que además ha sido parte de ella. Porque para que existan autoridades corruptas, debe necesariamente haber quien las corrompe. Sean estos ciudadanos o corporaciones. Y es que darle S/.10 a un profesor para que cambie una nota es un acto de corrupción como lo es darle S/.50 a un policía para que no te ponga una multa, o pagarle a un juez para que saque una resolución favoreciendo a quien no tiene la razón. Lo es también, favorecer en la licitación a la empresa que el alcalde recomienda. Sin importar como lo quiera maquillar.

La corrupción afecta a todos los ciudadanos de un país, pero de manera desproporcionada a determinados grupos de la población, particularmente a los más pobres. Desvía fondos públicos en beneficio de privados reduciendo los recursos para los servicios públicos de los que dependen en mayor medida las poblaciones de menores recursos. Quienes toleran la corrupción, están de alguna manera dispuestos a pagar los costos adicionales que esta genera, y ello los convierte en cómplices. Es más fácil pagarle a un policía que aceptar la suspensión del brevete por tres años.

La corrupción erosiona la legitimidad de la democracia, reduciendo la confianza entre los ciudadanos y de los ciudadanos en el Estado y con ello debilita la gobernabilidad. Latinoamérica es la región más desconfiada del mundo. De acuerdo con Latinobarómetro 2015, solo el 17% de latinoamericanos considera que se puede confiar en un tercero.

El mayor problema en la lucha contra la corrupción, y en realidad contra cualquier delito, es la impunidad, que en el caso peruano es enorme. Aquí, la justicia se compra y se vende al mejor postor. Al igual que el apoyo político. Los candidatos llevan años ganando elecciones comprando votos con regalos y correligionarios con chambitas (¿No Beatriz?, ¿Anel?).

Y los ciudadanos, como usted y como yo, somos quienes elegimos con nuestro voto a las autoridades y las llevamos al poder. Pero la democracia no es solo elecciones. Es por ello que los ciudadanos somos responsables de exigirles a las autoridades transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas una vez en el poder.

¿Cómo recuperamos la confianza en la clase política? Ciertamente flaco favor nos hace que la “respetable” Lourdes (protectora de Raúl Castro y abogada de Cataño) se cobije en Alan.

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