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La tragedia en Larcomar ha despertado del letargo a empresarios y funcionarios. Los locales comerciales vienen revisando sus protocolos de seguridad y Defensa Civil ha iniciado una carrera de inspecciones inopinadas para que esto no se vuelva a repetir. Está bien. Aunque tarde, eso se tiene que hacer, y rápido.

Lo que también se tiene que revisar es esa ideología que cree que toda regulación que afecta el libre intercambio de bienes y servicios entre nosotros es parte del brazo intervencionista de un Estado maldito. Esa que considera que el Estado existe solo para molestar.

Esa forma de entender las relaciones humanas y la economía es la que presiona para que se crea que, por ejemplo, las normas de seguridad que deben cumplir los locales comerciales constituyen una traba al libre emprendimiento. Es muy caro cumplir con los requisitos, dicen. No es posible que estén detrás de nosotros, afirman. Claro, hasta que en uno de los centros comerciales más modernos de la capital mueren cuatro personas porque no había un sistema adecuado de seguridad.

Bajo una supuesta búsqueda de eficiencia, el 2014 se aprobó un decreto supremo que buscaba “reactivar la economía” y suprimió las inspecciones bianuales de Defensa Civil a los locales comerciales. De esa forma, los locales comerciales no necesitan renovar su autorización, como Larcomar. ¿Con esa medida nos convertimos en un país más desarrollado? Lo dudo.