​Falta de visión

Las Bambas era hasta hace poco, el ejemplo de inversión minera, el modelo de cómo empresa y Estado debían manejar las relaciones comunitarias. Eso, hasta que cambió de administración y acabó la etapa de construcción que generaba 18,000 puestos de trabajo. Con ello, los negocios que se habían creado para atender a los trabajadores se quedaron sin clientes. Nadie previó que ello generaría un conflicto. Tampoco que cambiar, sin consultar, el mecanismo de traslado de los minerales de un mineroducto a camiones por una vía afirmada, propiedad de la comunidad hasta que por decreto la convirtieron en vía nacional, sin consulta ni indemnización, generaría cuestionamientos.

Las comunidades tienen reclamos válidos que deben ser escuchados y resueltos. Lamentablemente, se enfrentan con la falta de presencia del Estado y la impericia de las empresas en el manejo de demandas sociales. Las comunidades no se oponen a la minería per se. Se oponen a los abusos, a que les dañen sus cultivos, su agua y sus tierras. A que no las escuchen y las traten como ciudadanos de segunda categoría en un país controlado por una élite sin visión. En el camino, líderes antimineros y empresarios informales de la antiminería son los que traen métodos violentos y escalan el pliego de reclamos.

Toledo aceptó el levantamiento popular, la captura de rehenes y la toma de carreteras como mecanismos válidos en la negociación con el Estado. García lo institucionalizó. Los de Humala fueron cinco años perdidos. Y el Poder Judicial, con la sentencia de Bagua, mostró estar del lado de la violencia y la impunidad. La violencia no puede ser un mecanismo para doblegar al Estado y obtener beneficios. Alejandro Toledo, por ejemplo, y sus constantes amenazas de ponerse la vincha y salir a las calles cada vez que algo no le gustaba, es una muestra de cómo un “líder” menoscaba los principios de un país. En un Estado de Derecho debe haber mecanismos para el reclamo ciudadano. Levantar al pueblo contra un gobierno democrático no es uno de ellos. Así se ejerce presión y se amenaza la gobernabilidad del país.

El Estado debe demostrar que tiene control sobre la violencia. Quien bloquea una carretera comete un delito y debe ser denunciado. El instigador de la violencia no debe estar sentado en una mesa de diálogo. Las comunidades deben participar en la toma de decisiones para lograr que sus intereses y necesidades sean considerados para que no sientan que el Estado está capturado por los grandes intereses empresariales.