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La bancada de Keiko Fujimori en el próximo Congreso tendrá entre sus filas a seis sentenciados y a cuatro congresistas con procesos pendientes de resolver en las instancias judiciales. Lamentablemente, este tipo de situaciones no es novedad en el fujimorismo.

Todos conocemos el caso de los tíos Fujimori actualmente prófugos. Cecilia Chacón, quien postuló con el número 1 al Congreso, tiene un proceso por enriquecimiento ilícito que recientemente fue devuelto a fojas cero, a pesar de que tenía sentencia. En el almacén de una empresa de la que Kenji Fujimori era accionista, se encontraron 100 kg de cocaína. El gerente general de esa empresa era familiar de Joaquín Ramírez, hombre de confianza de Keiko Fujimori.

Hoy, Ramírez enfrenta una investigación iniciada por la DEA que trae una bomba: según el informe presentado por Univisión, Ramírez menciona explícitamente a Keiko Fujimori y la hace parte activa de un esquema de lavado de dinero.

Ramírez, por cierto, no solo es un congresista reelecto de Fuerza Popular, sino también secretario general del partido y uno de los principales financistas de la campaña fujimorista. En 2014, la procuradora Julia Príncipe solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación preliminar en su contra por lavado de activos, al evidenciarse operaciones económicas inusuales, como la adquisición de inmuebles y vehículos a título personal y de hasta 19 empresas.

Como ven, no es un simple militante, sino uno increíblemente cercano a la candidata presidencial. Salvo que la DEA se esté equivocando, Keiko tiene dos salidas: o negar absolutamente todo, lo que se hace más difícil frente a las nuevas investigaciones, o hacer que la culpa recaiga sobre Ramírez y afirmar que no sabía lo que sucedía. En ese caso, la historia comienza a resultar algo familiar. Ya hemos visto antes a un Fujimori diciendo que no sabía lo que hacía su hombre de confianza.