De alguna manera parece volver la calma, climáticamente hablando, y nuestras preocupaciones vuelven a ser las rutinarias. Eso no es así en el caso de los damnificados. Las miles de personas que han quedado sin hogares, las hectáreas de cultivo destruidas, los kilómetros de carreteras que no se usarán por mucho tiempo y, en general, el decrecimiento que experimentaremos. Como fuera, tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien.

Por ello, sería bueno que el Congreso emita una ley para que la Contraloría haga control concurrente obligatorio y definitivo. Ello logrará que los funcionarios públicos que no deciden por miedo a la Contraloría apoyen con sus acciones la reconstrucción del país. No se trata de que los “zares” ni ministros tengan esas prerrogativas, se trata de darle el soporte legal que necesitan los funcionarios de menor rango que, asustados por la cantidad de procesos legales iniciados contra sus pares por decisiones absolutamente válidas, hoy no deciden y por ello demoran procesos estatales.

Hay proyectos que toman años en idas y venidas y luego el funcionario que debe decidir no quiere firmar y ahí queda la oportunidad de crecer, perdida. Cada día hay más dificultades y este gobierno no es diferente. Por eso la Contraloría debe acompañar los procesos.

Lo peor que puede tener un país son funcionarios probos paralizados por miedo. Ello no necesariamente es criticable, ya que muchas veces terminan involucrados en temas ajenos a ellos y la pita se rompe por el lado más débil.

Si no podemos defender al buen funcionario y distinguirlo del sinvergüenza, no habrá gestión y este gobierno no podrá hacer la diferencia en la reconstrucción del país.