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Se estima que 16 mil peruanos, víctimas del terrorismo y la violencia, desaparecieron en nuestro país entre los años 1980 y 2000, y que existen 6 mil fosas que aún se encuentran sin desenterrar donde podrían estar muchos de ellos.

No podemos ocultar que existe una deuda pendiente con los familiares de estas personas que, en algunos casos y después de más de tres décadas, siguen sin poder encontrar y despedir a sus muertos; y porque el horror que les tocó vivir es uno que han sufrido durante demasiado tiempo casi en solitario. ¿Qué país podemos esperar construir si el Estado les ha dicho una y otra vez a sus ciudadanos que no importa si no saben donde se encuentran los restos de sus familiares?

En mayo último, el Congreso aprobó la ley que permitirá revertir esta situación, facilitando la búsqueda, exhumación, identificación y restitución de las personas desaparecidas. Existe una luz al final del túnel. Sin embargo, un nuevo obstáculo se interpone: el presidente Humala, a pesar de que esta ley fue una de sus promesas electorales, la viene haciendo larga y no toma la decisión de promulgarla. Mientras tanto, las familias siguen sin encontrar resolución a esta historia de terror, con un dolor imposible de imaginar y un luto que no tiene fin.

Esta ley no puede esperar más. Mientras miles de peruanos sigan desaparecidos, nuestro presente continuará marcado por un pasado irresuelto. El presidente Humala no puede desentenderse de este drama y dejar de atender el compromiso histórico de saldar esta deuda con el país y las familias de las personas desaparecidas. Quedan pocas semanas de gobierno, pero es tiempo suficiente para que honre su palabra, al menos en este tema.