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Ya se comienzan a escuchar declaraciones de ministros que ponen en agenda la digitalización del Estado como prioridad para hacer más eficientes y efectivas las acciones y servicios para el ciudadano. Parecería que en un país como el nuestro este no debería ser un objetivo a corto plazo, ya que los ciudadanos tienen muchas otras necesidades a las que debemos dedicarles recursos y las que deben atenderse prioritariamente. Sin embargo, es posible que a través de la digitalización del Estado se logre disminuir de manera eficiente nuestros niveles de informalidad y de corrupción.

La realidad es que hoy existen más líneas de celulares que ciudadanos, por lo que es factible asumir que la mayoría de los ciudadanos de una u otra manera están conectados. Es cierto que las diferencias tecnológicas de dichas conexiones son grandes, pero también es verdad que dado el desarrollo de las telecomunicaciones, en pocos años la calidad de la tecnología y los costos de la misma disminuirán radicalmente, permitiendo que más peruanos estén conectados de una mejor manera.

Este hecho inexorable es una oportunidad para el Estado de repensar sus procesos legales y administrativos de tal forma que estos puedan realizarse de manera directa a través de una conexión celular. Esto permitiría una disminución importante de los costos administrativos y la velocidad de respuesta del Estado, pero además de ello permitiría también la trazabilidad de las acciones realizadas por los ciud adanos.

Imaginemos por un momento que desaparece el efectivo y que la única manera de pagar los gastos personales sea mediante una billetera electrónica. Todas las transacciones de las personas quedarían registradas, desde el pago del taxi y de la casera del mercado hasta la compra de una vivienda o un préstamo. Esa trazabilidad de todas las transacciones permitiría al Estado, de manera directa e inmediata, acciones como el cobro de impuestos a ciudadanos y empresas que por su tamaño no se justifica hacer seguimiento hoy, pues el costo administrativo resulta más alto que el monto de la recaudación misma.

Podemos imaginar los beneficios que la digitalización nos ofrece en sectores como salud, educación, justicia y seguridad ciudadana. Debemos reconocer que existen esfuerzos aislados que el Estado está haciendo en esta línea, como el DNI con chip o la expedición de certificados vía digital, pero debemos ir más allá y desarrollar una estrategia integral y bien definida para los próximos años. Solo así lograremos dar un gran salto en poco tiempo. El Estado no puede emprender esto solo. Es fundamental sumar el esfuerzo y la coordinación con empresas de telecomunicaciones y de tecnología. Es posible que para aquellas personas que leen estas reflexiones en un ejemplar impreso les parezcan poco probables, pero si miran las horas que pasan sus hijos en el celular, se percatarán de que el mundo ya cambió.