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El recibimiento ingrato e injusto que tuvo ayer el ministro Saavedra en la Comisión de Educación del Congreso, sumado al proyecto de ley que viene impulsando el congresista fujimorista Lucio Ávila, en coalición con los intereses que rechazan la reforma de la educación superior, son la mejor muestra de los esfuerzos por tumbarse la Ley Universitaria.

Los cambios que se están planteando buscan flexibilizar los requisitos exigidos a las universidades públicas para obtener grados y títulos, así como para ejercer la docencia. Lo que es más grave: se pretende que los rectores y dueños de universidades que deben ser fiscalizadas estén dentro del consejo directivo de la Sunedu. Esto constituye un evidente conflicto de intereses que tiene el objetivo solapado de fortalecer los privilegios de los dueños de universidades y rectores. Como cereza de la torta, se le quita la rectoría al Ministerio de Educación y el superintendente del Sunedu ya no sería designado por el Estado, sino por ese nuevo consejo directivo manejado por los que deben ser fiscalizados.

Confundiendo autonomía con anarquía, se busca convertir a la universidad en una institución a la que todo se le permite y a la que nadie le puede reclamar nada. En este esfuerzo por retroceder lo avanzado, la educación es reducida a un “buen negocio”, olvidando que el primer y casi exclusivo objetivo que se debería perseguir es educar bien. Estemos muy atentos.

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