La imprescriptibilidad de los delitos y la obligación del Congreso

Hace ya varios congresos que hay una suerte de torneo para ver quién es más drástico en el tema de las figuras delictivas. Primero fue el de evitar la prisión condicional, que en ese momento solo se podía otorgar para casos de menos de cuatro años. Los parlamentarios decidieron que lo conveniente era elevar a cinco años cualquier pena para que nadie pudiera beneficiarse de esa figura. La consecuencia, que casi cualquier falta era considerada como un delito grave, violándose así todo criterio de proporcionalidad.

Hoy, como todos hablan de la corrupción están con la idea de declarar imprescriptibles los delitos de esa índole. La consecuencia será doble. Primero, la instalación de una inseguridad jurídica permanente para toda persona que sirva al Estado. Aunque haya pasado mucho tiempo de la fecha en que concluyó su tarea, se le podrá procesar por un hecho que puede no tener otro origen que una venganza política o un aprovechamiento electoral para hacerse popular en cabeza de otro. Segundo, alejar a gente capaz de la actividad pública.

Supongamos que una persona fue alcalde desde los 30 a los 34 años, u otro fue ministro a los 42 años. Según esa medida, a los 75 años de edad en cada caso, se les podrá llevar a juicio. ¿Se puede pretender así que las personas puedan participar en el proceso político? ¿No es eso ahuyentar a las personas capaces a las que debemos por el contrario alentar para participar de la vida pública?

¿Cuántos fiscales o congresistas, periodistas o simples adversarios políticos o personas que perdieron un proceso de licitación van a aprovechar esta norma para dar curso a su facilismo, a alimentar su afán de figuración o a concretar su revancha?

Esas normas deben de pensarse bien y hay alternativas importantes. Las trataré en el próximo artículo.