La ineficiente contratación del Estado

Los dichos, entredichos y contradichos entre el contralor general de la República, Édgar Alarcón Tejada, y el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, por la compra de los patrulleros, ponen en evidencia que esta importante adquisición del Estado (que busca atacar el mayor problema que enfrenta el país) tiene serias deficiencias. No son solo los precios de las unidades, sino principalmente las características de las mismas, que pareciera no son las más adecuadas para cumplir con su cometido. Esperemos que esta situación no retrase la puesta en funcionamiento de estos patrulleros, pues no sería la primera vez que la adquisición de equipos queda inmovilizada por problemas administrativos, agravando aún más el problema de la inseguridad ciudadana.

Todas aquellas personas que han tenido la experiencia de contratar con el Estado saben que el procedimiento es largo, complejo y engorroso, lo cual no importaría en la medida que este asegurara que los bienes y servicios que el Estado requiere resulten ser los adecuados en prestaciones y precios. Sin embargo, parece que un sistema con estas características facilita la corrupción, pues privilegia el procedimiento antes que el resultado. Ayudan a que se realicen adquisiciones que si bien cumplen perfectamente con todos los procedimientos, distan mucho de atender las necesidades para las que fueron adquiridas. Si este sistema lo conocen y manejan personas poco escrupulosas, es fácil manipularlo y lograr que beneficien intereses personales.

Está claro que el país requiere mejoras importantes en el sistema de contrataciones, que además de la transparencia aseguren la adquisición de los mejores bienes y servicios a los precios adecuados. Sin embargo, como mencionó Fernando Rospigliosi en una entrevista realizada a raíz de este tema, la verdadera manera de asegurar la calidad de las adquisiciones es que aquellas personas que las realicen sean honestas y -yo agregaría- bien capacitadas. Esta reflexión nos hace darnos cuenta de que además de lo imprescindible que es la modificación del sistema de contrataciones, este sería poco eficiente si no modificamos también las condiciones laborales de la carrera pública, la que debería buscar la contratación de profesionales bien capacitados y sobre todo de mayor calidad moral.

Un problema tan complejo difícilmente se puede solucionar con una Contraloría General que busca figurar y salir en los medios. El efecto que esto genera en los funcionarios públicos puede ser contraproducente. Estos pueden preferir la inacción por miedo a los problemas administrativos, además del escrutinio público, que su trabajo les termina generando.