En el complejo panorama político peruano, la coalición, entre lo que algunos llaman “progres” y “caviares”, ha demostrado ser una influencia vigente, con una intrincada red que se extiende hacia diversas instituciones públicas. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ha escapado a su alcance, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la independencia y la integridad de esta entidad.

En primer lugar, la JNJ tiene un rol fundamental en la designación, evaluación y autorización de jueces y fiscales, además de supervisar organismos clave como la ONPE y la RENIEC. Esto la convierte en una instancia de gran influencia en el sistema de justicia y la democracia en el país. Sin embargo, la percepción de que esta institución ha sido manipulada en beneficio de intereses políticos y grupales es preocupante.

Además, la creación de la JNJ en 2018, durante el gobierno del “Lagarto” Vizcarra, es vista por muchos como una herramienta político-jurídica para proteger los intereses de ciertos grupos y atacar a los adversarios políticos, lo que sugiere que la independencia de esta entidad está en entredicho desde su origen.

Recientemente, el Congreso ha invocado el artículo 157° de la Constitución Política para abrir una investigación sumaria a los actuales miembros de la JNJ, como consecuencia de la comisión de actos que podrían configurar una situación de causa grave.

En ese sentido, es crucial entender que la coalición progre-caviar no defiende los principios democráticos o institucionales de la nación. Más bien, parece estar enfocada en mantener su influencia y poder en diversos espacios. Incluso, recurren a toda una extensa red de organismos y organizaciones internacionales para obstaculizar e intimidar cualquier intento de fiscalización.

Este es un tema delicado y altamente especializado, que debe abordarse con cautela por las autoridades competentes. La narrativa caviar sobre la defensa de la democracia y la institucionalidad son falacias que hoy la población, felizmente, ¡ya no cree!

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