Una de las principales reformas del sector público en los países que han logrado revertir el subdesarrollo ha sido la instalación de una meritocracia. Saber que un funcionario público ocupa su puesto gracias a su eficiencia y diligencia es vital para que un país progrese.
Hemos tenido mejoras sustanciales en distintos servicios ciudadanos, como el registro de identidad, los trámites municipales y otros más, pero todavía hay un conjunto de servicios a los que es difícil enderezar, entre ellos, la administración justicia.
Muy pocas personas saben que en el año 2013 la presidencia del Poder Judicial presentó a un grupo de periodistas el Sistema de Medición del Desempeño Jurisdiccional en ese entonces operando. Este sistema no era perfecto, pero sí perfectible; tampoco determinante, pero capaz de proveer información clave para mejorar la calidad de la administración de justicia. Este proceso se inició en la gestión del presidente Javier Villa Stein, continuó con la de César San Martín y tuvo algunas complicaciones durante la gestión de Enrique Mendoza. Hoy tomó la posta el doctor Víctor Ticona, actual presidente, quien siempre procura estar lo mejor informado acerca de este tema.
El Sistema de Medición del Desempeño desarrollado tenía una presentación simple pero potente. La primera pantalla ofrecía un mapa del Perú con los distritos judiciales pintados en tres colores, verde, ámbar y rojo, para calificar, respectivamente, un desempeño bueno, regular o necesitado de muchas mejoras. Además, el sistema también permitía conocer el desempeño de una sala o juzgado específico con relación a su resultado, determinado este sobre la base de cinco indicadores: Cantidad de Demandas Ingresadas y Calificadas (IDC), Producción (P), Indicador de Expedientes Resueltos (IER), Descarga Procesal (IDP), Sentencias apeladas y anuladas (ISA) y Conciliaciones (C).
Las sentencias anuladas son un buen ejemplo de la racionalidad de este sistema de medición. Una anulación significa volver a empezar, es decir, duplicar el costo del proceso, el cual pagamos todos los peruanos; además del malestar que le genera al litigante (con los consiguientes sobrecostos). Reducir el nivel de anulaciones es necesario para descongestionar los despachos. Con esta medida se evidencia la coherencia del sistema y permite brindar una mejor administración de justicia. Por tanto, es un indicador clave para medir el desempeño.
Esta información contribuye a determinar quiénes son los mejores jueces para aprender de ellos, muchos de los cuales innovan con éxito la forma de gestionar sus despachos, pero esas buenas prácticas no se comprueban y mucho menos se replican. Del mismo modo, podemos determinar quiénes tienen un desempeño deficiente para indagar qué está pasando en esos juzgados y salas para ayudarlos a revertir la situación. Y, por si fuera poco, la mirada integral que brinda este sistema hace posible priorizar recursos económicos y humanos, diseñar mejores estrategias y, por supuesto, poner metas reales de mejora. De esta forma se puede construir una cultura de mejoramiento continuo gracias a mediciones objetivas.
Muchos de ustedes se estarán preguntando: pero si todo esto se logró, ¿por qué no se cumple? La respuesta más simple es: la ciudadanía no lo sabe y la prensa no lo difunde. Hay que revertir esta situación. La meritocracia judicial que el Perú necesita debe ser una demanda ciudadana. La reforma judicial solo puede comenzar si la exigimos.
(*) Estuvo a cargo de la Oficina de Medición del Desempeño Jurisdiccional. Está preparando un libro que resume la experiencia que lideró en el Poder Judicial.