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La población de La Oroya estará hoy muy atenta al debate en el pleno del Congreso de la República, que discutirá dos proyectos de ley sobre la ampliación del proceso de liquidación de la empresa Doe Run.

Si bien es cierto son cerca de 2500 los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que no opera desde hace siete años, mucha más gente está involucrada en esta problemática. Negocios y servicios en torno a la refinería han desaparecido, generando que pobladores hayan abandonado la ciudad.

El alcalde de La Oroya, Carlos Arredondo Mayta, informó hace algunos meses que de 60 mil habitantes que había en dicha provincia, actualmente hay poco más de 20 mil y de 6440 alumnos que asistían a clases en 2011; al cierre de 2015, solo había 4935. “La actividad principal era el comercio, que ya no existe, el 35% de los negocios se clausuró, el rubro más afectado ha sido el de servicios, que incluye financieras, restaurantes, hospedajes y mercados”, agregó el burgomaestre.

Por ello, el debate de hoy es crucial para La Oroya. Son dos los proyectos de ley que se han presentado para darle visos de solución a este problema. Uno es del Ejecutivo y el otro de la mayoría parlamentaria. Ambos coinciden en que debe haber ampliación del proceso de liquidación de Doe Run. Sin embargo, el Gobierno propone que el plazo sea de cuatro años, mientras que Fuerza Popular está en desacuerdo y plantea que solo sea de un año, agregando que si en lo sucesivo se requieren más ampliaciones, que esto no se vea más en el Congreso y que el Ejecutivo asuma la responsabilidad vía decretos supremos.

Los trabajadores solo quieren que haya nuevos postores para hacerse con los activos de Doe Run y que la refinería funcione. Para ello se debe flexibilizar la legislación ambiental.

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