¿Cuál es el papel de la Organización no Gubernamental (ONG)? Esa es la pregunta que todos los peruanos se hacen ahora para tratar de refrescar la memoria, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara, además de que el Estado investigue la muerte del terrorista “Tito” en el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón, el pago a dos oenegés que llevaron el proceso legal.

Queda claro que muchas de estas organizaciones sin fines de lucro cumplen un papel importante de apoyo en la sociedad peruana. Sin embargo, hay claras excepciones de algunos entes no gubernamentales que, amparándose en su fin de respaldo ciudadano, desnaturalizan su función y parecen enfocadas a cuestionar al Estado en casos de su conveniencia, como los derechos humanos solo para personas afines a cierta ideología política.

Solo para citar un ejemplo mediático, sobre el deceso del camarada “Tito” o Eduardo Cruz Sánchez a manos de los comandos Chavín de Huántar tras la toma de la Embajada de Japón, las oenegés interesadas en el caso, tanto la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), se enfocaron en defender de forma parcial a los caídos en este operativo.

Ahora, supuestamente, no siendo su real objetivo en nuestro país, Aprodeh y Cejil deben recibir por mandato de la CIDH 30 mil dólares por concepto de reintegro de costas y gastos en este proceso internacional, que en las salas de la justicia peruana tiene más de 10 años. Si a esto le sumamos que la resolución no indica indemnización a favor de los terroristas fallecidos, pareciera que las mencionadas oenegés son las únicas ganadoras. ¿Este es su objetivo?