“Los carboneros”

Sería un escándalo que en los próximos días se concrete la puesta en libertad de tres implicados -dos mexicanos y un peruano- en la incautación de cocaína más grande que se ha hecho en la historia del Perú, la cual se dio en Trujillo en 2014, debido a que los sujetos siguen en prisión preventiva desde hace tres años y el Poder Judicial, a través de una sala de apelaciones, considera que no se debe ampliar su arresto a pesar de la gravedad de los cargos que pesan en su contra.

La primera pregunta que habría que hacerle al Ministerio Público es por qué hasta el momento no ha concluido sus investigaciones si tiene al frente siete toneladas de cocaína como para empapelar a esta gente, que debe dejar la cárcel este 20 de agosto en vista de que no se ha iniciado su proceso judicial. Tres años no han sido suficientes para los fiscales, y de eso se han valido los abogados de los implicados en el caso para pedir la libertad de sus clientes.

Por su parte, el Poder Judicial considera que se excedió el plazo de la prisión preventiva y que los tres sujetos deben quedar libres. Ante esto, el Ministerio del Interior sostiene que se debe aplicar el Decreto Legislativo 1307, a fin de extender por unos meses más el arresto de los mexicanos Rubén Larios Cabadas y Jhoseth Gutiérrez León, y del peruano Néstor Herrera Villanueva, miembros de la banda “Los carboneros”. Sin embargo, parece que esta gente se va a la calle.

En teoría, los tres procesados deberán afrontar su proceso en libertad. Sí, claro. Hay que ser ingenuos para pensar que estos sujetos, a los que esperan 25 o 30 años de cárcel, van a acudir a las audiencias y esperar sentaditos hasta el día de la sentencia. Pero así estamos en el Perú. Tantas leyes, tantos códigos y tantos meses desde el hallazgo de la droga no son suficientes para mantener entre rejas a los delincuentes.

Acá tenemos una clara muestra de que nuestro sistema judicial no funciona, pues no es la primera vez que los delincuentes se ríen de las autoridades mientras el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ejecutivo no se ponen de acuerdo y se enredan entre ellos. Si esto pasa con siete toneladas de cocaína de por medio, habría que ver lo que sucede ante el arresto de delincuentes menores, que son los que precisamente más dolores de cabeza ocasionan a los peruanos.