Quién hubiera pensado que la actual pareja presidencial, aun estando en el poder, tuviera que afrontar un año antes de irse una suerte de madrugador juicio de residencia.

El último fin de semana han vuelto a aparecer más evidencias sobre la capacidad de gasto y líneas de crédito que no hacen sentido con los ingresos que todos suponemos, legal y tributariamente, puede demostrar la señora Nadine Heredia.

Preocupa sobremanera, además como, tal cual el caso Ecoteva, las versiones iniciales van modificándose. El abogado de la señora Heredia, quien dijo que ella se había olvidado que recibía un sueldo, aporte o lo que fuera del partido que dirige por 6 mil soles (acreditados vía declaraciones juradas), ahora se retracta y dice que no es así; además en Sunat no existe tal registro y ante la ONPE el Partido Nacionalista (PN) no ha informado de la existencia de ninguna planilla. Aparece una nueva tarjeta de crédito a nombre de la señora Heredia con una línea de 92 mil soles sin que sepamos qué garantiza tal capacidad. Y su propio abogado se niega a decir cuánto y quién le paga sus honorarios.

Para colmo de males, los desbalances ya evidenciados del PN ante la ONPE respecto a los recursos recibidos en la campaña del 2011 han pasado a ser investigados por la fiscalía de lavado de activos.

No voy a hacer ninguna aseveración ni especulación sobre los delitos o tipos penales por los que la pareja presidencial está siendo investigada ni sobre el resultado de tales pesquisas; pero lo cierto es que Palacio tendrá que armar una estrategia legal y argumentos mucho más convincentes que los exhibidos hasta hoy, empezando por terminar con sus propias contradicciones.

Políticamente además tienen esa responsabilidad si es que pretenden que la fiesta sea llevada en paz con la oposición durante este último año. Ello independientemente de que en el Congreso se permita que solo sean las autoridades fiscales y judiciales las que lideren las investigaciones. Si piensan Humala y Heredia que el arranque de la campaña en el último trimestre del año aliviará su situación, se equivocan de cabo a rabo.

Merecemos explicaciones, justificaciones y argumentos sólidos antes que una victimización absurda, no solo por la propia reputación personal de los inquilinos de Palacio, sino por el socavado futuro político que pretenden mantener a toda costa luego del 28 de julio del 2016.