Cuando en los albores de la reaparición democrática Charles Louis de Secondat (el barón de Montesquieu) señaló en su libro Del Espíritu de las Leyes que todo estaría perdido si en una sola mano se reunieran las diversas ramas del poder, porque se daba paso a la tiranía y al desamparo de los ciudadanos frente al poder, podría estarse refiriendo claramente al Perú de hoy.
Debido a la política de cicatear recursos para la marcha del Poder Judicial y tener así de alguna forma sometida a una justicia que mirará mayormente a quien le asigna los recursos para pagar los sueldos o para desarrollar su infraestructura o capacitación, en el Perú se modificó con la “constitución” de Fujimori la norma que estableció en 1979 que ese poder del Estado debía de recibir una suma porcentual del presupuesto anual de la República.
Hoy llegamos al absurdo de que la Sunat “ayuda” al Poder Judicial a sostener el presupuesto o a sufragar gastos de la administración de justicia en cuanto a causas que tengan relación con lo tributario o aduanero.
Debido a esta “bondad”, o a este “desprendimiento”, se genera una suerte de favorecimiento al Estado en caso de duda y, peor aún, de tratar de encontrarle la vuelta para que de todas maneras la Sunat o la Sunad salgan bien libradas de las demandas que les interponen aquellos a quienes estas acotan.
Evidentemente, esto debe de acabar en un solo acto. No es posible que esta suerte de pretexto sirva para tener que soportar resoluciones que no se condicen con el Estado de Derecho, y menos con uno de raigambre constitucional.
Con medidas como esta, los ciudadanos, especialmente los que menos tienen para contratar abogados, pagan los platos rotos por el monstruo creado.
