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Regresando a Órganos en un pequeño zodiac con Rosendo y Aldo -ambos buzos expertos que pescan en la zona hace más de 20 años-, escuchaba impresionado historias de faenas en las que regresaban con el bote lleno de meros de 50 kg y fortunos de no menos de 10 kg. Lamentablemente, nosotros regresábamos -después de habernos sumergido en más de 10 plataformas petroleras en ese cálido mar del norte- con 3 pequeños fortunos que hace algunos años no hubieran arponeado y un par de choclos, especie que no se pescaba porque había peces mucho más sabrosos. La pregunta inevitable es ¿qué pasó con toda esa riqueza? La respuesta es sencilla: depredación, que tiene su origen en la ilegalidad e informalidad instaurada, empezando por las flotas extranjeras que invaden nuestras costas, incluso “arrastreras” que depredan el fondo marino sin cuidado alguno. Sin embargo, esta no es la única actividad ilegal que compromete los recursos naturales de nuestro país. La misma figura la encontramos en la tala indiscriminada de árboles en la selva o en la extracción informal de oro en Madre de Dios, cuyas consecuencias han llegado a tales niveles, que ya es muy difícil calcular la cantidad de años que tomará recuperar estos recursos. Todas estas actividades se realizan frente a los ojos de un Estado incapaz de hacerles frente, debido a ciertos factores: la escasez de recursos económicos para lograr una presencia sólida en estos lugares; la impopularidad que implica enfrentar directamente la informalidad, por las revueltas sociales de las personas que viven de estas actividades; así como la corrupción instaurada en el mismo Estado, ya que en muchos de estos lugares estas actividades informales han venido incrementándose porque las autoridades locales elegidas están vinculadas de manera directa o indirecta con ellas. La informalidad y la ilegalidad son las únicas respuestas que tienen gran parte de la población para sobrevivir, lo que las convierten -de algún modo- en un subsidio caro; pues compiten de manera inequitativa con la formalidad. Esto complica el crecimiento económico del país y -lo más lamentable- destruye la riqueza natural de futuras generaciones.