¡Nos habíamos espiado tanto!

Por obvias razones, el Gobierno y su ministro y vocero favorito (Daniel Urresti) negarán hasta morir los casos de seguimiento y reglaje que vienen siendo exhibidos por diversos medios de comunicación.

Ante los casos ya mostrados por la revista Correo Semanal y el diario Correo (debidamente documentados), tanto el Presidente como la Primera Ministra y el ministro del Interior han tratado incluso de deslizar la posibilidad de que es la oposición, y el APRA en particular, la que está tratando de armar un escándalo con la idea de desestabilizar al régimen. La duda razonable y la prudencia obligaban a no ser categóricos.

Lo cierto es que cuando algo parecido ocurrió con las denuncias que el 2013 formuló el exministro Fernando Rospigliosi y el analista Carlos Basombrío, el tema quedó disipado por la misma duda razonable.

La sospecha, no obstante, quedó instalada con la clara convicción de que solo en el futuro (si acaso) se podrá investigar a plenitud y llegar a la verdad.

Sin embargo, lo propalado y demostrado el domingo pasado por Panorama no solo termina por consolidar las sospechas anteriores, sino que ha evidenciado un reglaje a la vicepresidenta Marisol Espinoza (para todo efecto práctico, claramente ubicada hoy en la oposición a Palacio) por agentes de la Dini.

Al momento de escribirse esta columna, aún no se ha producido ni la renuncia de Ana Jara ni se ha confirmado la de la señora Espinoza (para no convalidar una ilegalidad en su contra), y menos del señor Urresti, pero si algo de decoro tiene este régimen, el gabinete ha debido de dimitir de inmediato. Ya no solo se trata de sospechas convertidas en indicios de espionaje a personas consideradas incómodas al Gobierno (lo cual es gravísimo por sí mismo), sino de la enorme ilegalidad que en conjunto estos hechos representan por el uso de recursos públicos para este tipo de ilícitos.

La argumentación que brindan Urresti y los ayayeros del régimen, según la cual tanto en el segundo gobierno del señor García como en la década fujimorista se cometieron delitos similares, no justifica en absoluto lo que hoy se estaría consumando.

Es una tremenda estupidez pretender deslegitimar y desacreditar la labor fiscalizadora para la que fueron elegidos fujimoristas, apristas, y cualquier representante de otro movimiento, por lo que pasó o no pasó en sus respectivos periodos gubernamentales. Toda una “doctrina” inventada por el humalismo.