Lo que parece ya inminente es que la economía se verá afectada de una u otra manera. Una de las apuestas de este gobierno para reactivarla era la inversión pública y esta se verá seriamente afectada no solo a raíz de los problemas generados por Odebrecht, sino también porque parece que se está buscando indicios de corrupción en cada uno de los actos y actores del Gobierno. El caso del aeropuerto de Chinchero es una muestra de esto.

La realidad es que Cusco necesita un nuevo aeropuerto para mejorar el turismo que llega a nuestro país. Tenemos innumerables atractivos turísticos, siendo Machu Picchu claramente el más destacado y para la mayoría de turistas el paso por Lima es innecesario. La ubicación (Chinchero), prestaciones y requerimientos están definidos hace muchos años e incluso la asignación de dicha obra a Kuntur Wasi. Faltaba únicamente la aprobación de la estructuración del préstamo por parte del MEF, para iniciar los trabajos. Dado que el Estado podía conseguir una mejor tasa de interés que Kuntur Wasi, se realizó una adenda al contrato que lo que buscaba era bajar el costo de financiamiento y no retrasar más el proyecto.

Si bien es discutible que esta adenda modifique la naturaleza del contrato, la realidad es que el Gobierno no tenía muchas alternativas para iniciar la obra. Anular la adjudicación y realizar otra APP, o decidir ejecutar él mismo el proyecto, tomaría de uno a dos años, sin que este proceso asegure que se logrará mejorar las condiciones de la obra.

Todos conocemos las suspicacias generadas por varios de nuestros políticos, quienes quieren ver en este proyecto irregularidades o actos de corrupción que justifiquen la interpelación del ministro de Transportes, quien a su vez es el vicepresidente de PPK. Esto coloca al Gobierno en tan incómoda situación, que el Presidente declaró que protegería a Vizcarra, amenazando con una cuestión de confianza.

Si las fuerzas políticas van a actuar de esta manera, será muy difícil que ningún servidor público quiera apoyar la realización de estas obras, por miedo a verse involucrado en complicaciones que le podría costar el puesto o hasta una acción judicial. En estas circunstancias, lo que ocurre es que el miedo paraliza al Estado y por ende la inversión pública.

La interpelación a Vizcarra marcará un hito importante para este Gobierno y para los empleados públicos. Si el ministro es interpelado y censurado, la debilidad del Ejecutivo será evidente. Esto le costará al Gobierno la posibilidad de gobernar y le abrirá a la oposición la puerta de continuar frenando todos los proyectos, so pretexto de la corrupción instaurada. Esperemos que el ministro logre un voto de confianza para no agudizar más esta crisis cuyo desenlace será difícil de predecir, pero de consecuencias negativas de cualquier modo.