Casi todas las autoridades de la región Junín y transportistas han lanzado el grito en el cielo la última semana ante la inminencia de la creación de un nuevo peaje en la Carretera Central, esta vez en Ticlio, tal como dispone la segunda adenda al contrato de concesión con la empresa Deviandes.

“La Oroya le dice no al peaje que Deviandes pretende instalar en Ticlio. Esta medida perjudicará a todos. Evitemos un conflicto social”, dijo el alcalde de la provincia de Yauli-La Oroya, Carlos Arredondo, aludiendo a la amenaza de los transportistas y población afectada, que hace poco anunciaron que bloquearán la Carretera Central si se llega a concretar el cobro de peaje, cuya tarifa sería de más de 6 soles.

“Dicho cobro resulta abusivo e injustificado ante la pésima calidad de servicio, el colapso y la inseguridad que vivimos todos los días los usuarios de la Carretera Central. El MTC debe revisar la segunda adenda y suspender la instalación del nuevo peaje, no solo para prevenir un gran estallido social, sino por ser de justicia”, manifestó el congresista Israel Lazo.

“Exhorto a los funcionarios de Deviandes a evitar acciones que puedan producir agitación social y hechos de violencia, como ocurrió en el peaje de Puente de Piedra”, comentó, por su parte, el alcalde de Huancayo, Alcides Chamorro.

Lo cierto es que nadie ve conveniente que se concrete el nuevo peaje, que se sumaría al de Corcona y otros dos que existen en las salidas de La Oroya (uno rumbo a Cerro de Pasco y el otro a Huancayo). No solo porque la Carretera Central es pésima y debería estar en emergencia, sino porque los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala, quienes firmaron sendos contratos con Deviandes, están muy cuestionados.

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