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Una vez más, la pena de muerte ha sido puesta en agenda por Keiko Fujimori. Las campañas siempre traen estos sobresaltos de populismo, más aún si las encuestas no son favorables y se trata de un tema tan sensible y grave como las violaciones. Aunque cueste creer que esto se concrete, la mayoría fujimorista en el Congreso, más sus aliados que rondan en otras bancadas, debería alertarnos de que se trata de un riesgo real.

Además de los pactos internacionales de los que somos parte y que prohíben la pena de muerte, la verdad es que no existe evidencia de que esta reduzca el crimen. A ello debemos sumar que el sistema judicial se equivoca, aquí y en el resto del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha demostrado que la raza y la condición económica son determinantes para que alguien sea sentenciado a la pena de muerte. También influye la calidad del abogado que ejerce la defensa: mientras mejor el abogado, más probabilidades de que la pena de muerte no se aplique. Nuevamente, los acusados con menos dinero son los que se enfrentan a una mayor posibilidad de ser sancionados con la pena capital. Finalmente, un estudio de 2014 que analizó casi 7500 condenas a muerte entre 1973 y 2004 descubrió que 1.6% fue exonerado por ser inocente y que 4.1% de los que sí recibieron la pena de muerte, luego de nuevas revisiones de los casos, resultaron no ser culpables. ¿Imaginan lo que sucedería en el Perú?

La violación es un crimen espantoso que nunca debe quedar impune. Pero eso no significa que un juez tenga que decidir sobre quién vive y quién no, menos cuando sabemos bien que no hay sistema de justicia infalible.