Prisión Preventiva Empresarial

Resulta particularmente interesante que por primera vez un fiscal de la Nación, el Dr. Pablo Sánchez, participe como expositor en los más de 50 años de la realización del principal foro de empresarios y ejecutivos del país, CADE. Más alentador aún es que esta haya sido una de las exposiciones que más interés generó, como lo demuestra el haber sido la intervención con la mayor cantidad y relevancia de tuits durante toda la citada conferencia. Pero lo que hace este hecho emblemático es que ese mismo día se realizara el pedido de prisión preventiva para los principales ejecutivos de las empresas consorciadas con Odebrecht, en el marco de las investigaciones del caso “Lava Jato”.Los empresarios y ejecutivos son cada vez más conscientes de que sin el fortalecimiento de la institucionalidad, el desarrollo de las empresas y del país no será viable. Debemos ser también conscientes de que son ellos los primeros que deben protegerla y respetarla y que hoy día no basta con cumplir la ley. Pero ¿como pueden las empresas ayudar a mejorar la institucionalidad del país?Las empresas de manera individual pueden contribuir manteniendo conductas intachables y asegurándose de que sus servicios y productos sean adecuados por encima de los requisitos legales. Sin embargo, esto no es suficiente, pues las empresas y los empresarios deben además fortalecer su propia institucionalidad. La base de toda institución es la credibilidad que las personas tienen en ellas, por ello es pertinente recordar que según la encuesta de Ipsos sobre “confianza en las instituciones”, solo el 44% de la población confía en la empresa privada, que es el mismo nivel de confianza que generan los hospitales del sector Salud (45%), lo que muestra que tenemos una ardua tarea por delante. Sin embargo, esto no será suficiente. El fortalecimiento de los gremios es inaplazable, pues son solo los gremios y no las empresas individuales los que pueden ayudar a mejorar la institucionalidad del Estado. Lamentablemente, este reto es aún mayor, pues, por ejemplo, solo el 22% de los ciudadanos confía en la Confiep, un punto menos que la confianza que genera el Congreso de la República (23%).