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Hoy se reúne en Canadá el Grupo de Lima. Constituido en un bloque de Estados para ayudar a que Venezuela recupere la democracia, es probable que del encuentro, al que asistirán 13 de los 14 cancilleres -México, que ha mostrado sus discrepancias, es probable que no envíe a su secretario de Relaciones Exteriores-, emane una nueva declaración condenatoria del régimen de facto de Nicolás Maduro. 

A estas alturas de la grave crisis en Venezuela, donde la presión internacional para que Maduro convoque a elecciones presidenciales o para que deje el poder se ha incrementado notablemente, la sola idea de condenar a la dictadura resultaría insuficiente. 

Por tanto, convendrían las siguientes medidas concretas que, a mi juicio, deberían ser decididas en el acto:

1) Los países del G-Lima deben rápidamente recibir a los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de Venezuela nombrados por el gobierno del presidente encargado de ese país, Juan Guaidó. 

2) Los países del G-Lima soberanamente deben invitar a los funcionarios venezolanos que se encuentren en las Misiones diplomáticas y consulares de este país acreditadas ante sus gobiernos a que, en la eventualidad de que no reconozcan al gobierno de Guaidó, abandonen inmediatamente la sede física de dichas Misiones para que sean ocupadas por los diplomáticos nombrados por Guaidó, presidente de iure o de derecho. 

3) Los gobiernos del G-Lima deberían desactivar cualquier vinculación contractual, laboral o de intercambio hecho o sostenido con funcionarios venezolanos que sigan avalando a Nicolás Maduro o que actúen por los poderes que les haya otorgado el dictador. 

4) El Perú soberanamente debería decidir que para los inminentes Juegos Panamericanos, que se desarrollarán en nuestro país, la delegación venezolana que cuente con las autorizaciones del gobierno de Juan Guaidó será la única que podrá participar en la competencia deportiva continental. 

Los demás países del G-Lima deberían respaldarlo. No es que el deporte no tenga nada que ver con la política. La idea es cerrar todas las puertas a quienes se encuentren investidos de los atributos otorgados por el dictador persistiendo en reconocerlo.