Sedición y estado de emergencia

Tía María es un desafío a la institucionalidad del Estado imposible de superar sin un diagnóstico realista. Enfrentamos una sublevación; un levantamiento inspirado en las tácticas senderistas que el Perú ha olvidado; un conjunto de acciones progresivas y planificadas que tipifican el delito de sedición; una situación peligrosa que sobrepasa largamente la revuelta en Tambo y Arequipa. Lo demuestran los desastres ocurridos en el Sur y las medidas de fuerza -paros y bloqueos- que frentes y sindicados izquierdistas han anunciado en el resto del país.

Quieren imponer caos y terror mediante una violencia que supere la defensa que aplica el Estado para restablecer la paz, el orden y la autoridad de la ley, respetando las garantías constitucionales. ¿Es posible enfrentar las situaciones explosivas que asolan al país con un Ejecutivo indeciso, una Fiscalía temerosa, un Poder Judicial aterrado y una corrupción pandémica? El Estado de Emergencia es el único mecanismo constitucional para que un gobierno asustado pueda restablecer el Estado de Derecho y garantizar las libertades individuales.

Entre las acciones desplegadas por el partido de Arana se ha identificado el copamiento y manipulación de las Juntas de Riego. La de Tambo la preside Jesús Cornejo, de Tierra y Dignidad. Confirma cuán exacta es la descripción de la ingeniera Marita Chappuis, recogida por Mariella Balbi (“La no democrática Junta de Usuarios”, El Comercio, 19.5.2015). Urge que el ministro de Agricultura corrija ese desmadre, agravado por el creciente poder de los “Espartambos” que denuncia Aldo Mariátegui. Extorsión, cupos y agricultores avasallados son las herramientas del hipócrita y malévolo excura, posible candidato de la desvalida izquierda caviar que espera auparse al “triunfo del movimiento popular desarrollado en los últimos meses y años” en Islay y Arequipa (Otra Mirada, 20.5.2015).

Sería absurdo que Gobierno y empresa dialoguen con la mafia de dirigentes corruptos que Cecilia Valenzuela ha destapado, o con las brutales milicias que sirven a extorsionadores y dirigentes venales. Diálogo sin intermediarios con las mayorías sojuzgadas por amenazas y cupos. Diálogo directo con quienes quieren informarse y negociar proyectos importantes para las zonas donde confluyen minería, agricultura y otras actividades económicas. Diálogo cuando arranque la construcción de la represa de Paltiture. Diálogo cuando el Estado imponga la ley donde la subversión quiere implantar zonas liberadas.

El Gobierno se ha visto obligado a decretar, tardíamente, el Estado de Emergencia en Islay. Es un instrumento constitucional para asegurar la vigencia del Estado de Derecho y fortalecer un sistema democrático al servicio de los ciudadanos. No es síntoma de autoritarismo ni debilidad. Pero no basta con declararlo. Debe ser utilizado con eficacia para detener a los organizadores de la sedición que el aparato de inteligencia -dependiente del Presidente de la República y del Premier- tiene que identificar. El Estado de Emergencia se justificará si desmantela los planes subversivos diseñados para apoyar a quienes, replicando la táctica de Conga, imponen un régimen de terror en Islay. Un modelo probado y eficiente para arruinar a la minería en el Perú.