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Es un despropósito que Gregorio Santos esté libre, y que enfrente así el rosario de acusaciones que, por cierto, no es cosa de agua tibia. Según la Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción, Santos lideró una organización criminal que hizo lo que quiso con el presupuesto del Gobierno Regional de Cajamarca. La Contraloría, asimismo, anticipó que Santos se gastó los dineros de la educación, organizando las marchas antimineras que se tiraron abajo Conga. O sea, construyó su capital político con el dinero que recibió como autoridad.

Según el procurador Joel Segura, el tribunal encabezado por la magistrada Zaida Pérez se dejó intimidar por el también excandidato presidencial. Santos basó su defensa como la víctima política de Ollanta Humala. Jugó con la idea de que como “lo traicionó”, entonces lo mandó a prisión. Nada más falso. Hay un audio, documentos y colaboradores eficaces que acreditan los cargos contra Santos. Ha salido libre tras 24 meses, cuando la justicia permitía 12 meses más en la cárcel; así que eso del “exceso de carcelería” complementa la victimización.

Son tan blandos la mayoría de jueces en el Perú, que la excarcelación no duraría mucho. Santos debe pagar una caución de 100 mil soles en menos de 15 días. Si no lo hace, volvería a Piedras Gordas. La jueza debió sopesar ello para no hacer un papelón, que solo da tribuna a un político que lo único bueno que hizo fue robarle cuatro puntos a Verónika Mendoza en la primera vuelta. El procurador Segura teme que Santos se fugue. ¿Y no es mejor que alguien tan nefasto, que empobreció tremendamente Cajamarca, no vuelva más?

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