TC 4-3

No hemos leído el texto de la sentencia del Tribunal Constitucional, que decidió anular la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Si la decisión de mantenerla en prisión obedeció a que representaba un peligro de obstrucción a la justicia, debemos suponer que este peligro ha desaparecido. Al parecer, los que votaron a favor de este criterio deben haber considerado que el medio de ejercer la obstrucción a la justicia era a través del Congreso de la República. Y que, disuelto el Parlamento, desapareció también el medio, a través del cual, Fujimori ejercía esas presiones para impedir que la mano de la justicia actuara con libertad. Pero no ha sido tan fácil, votaron a favor de Fujimori: Blume, Ferrero, Ramos y Sardón. Y en contra: Ledesma, Espinosa-Saldaña y Miranda. No obstante, el proceso continúa con la única diferencia de que la acusada lo continuará en libertad –suponemos que bajo ciertas restricciones– y no tras las rejas. La señora K como hemos visto en las últimas semanas recibió millones de dólares; organizó el “pitufeo” y siempre lo negó; blindó a Chávarry contra el equipo "Lava Jato"; se reunió con el líder de “Los Cuellos Blancos”, Hinostroza; manipuló testigos y hasta se ha negado a declarar ante el fiscal.

Fueron tres instancias del Poder Judicial las que confirmaron que la prisión preventiva de la señora K se justificaba por su probado obstruccionismo (amenaza y coacción de testigos). Para sus condicionales, lo justo es que afrontara el juicio en libertad (como Ollanta Humala y Nadine Heredia), y así será a partir de ahora. ¿Dejará de obstruir a la justicia ahora que ya no existe una mayoría parlamentaria bajo sus órdenes? ¿Necesitaba estar en libertad para dirigir la obstrucción o también podía hacerlo desde la cárcel?