Así contaban los mayores que actuaba el célebre sargento Nonone de la Guardia Civil para demostrar que no se casaba con nadie. Pero claro, se trataba de una frase popular, de calle y esquina, que al momento de cotejarse jurídicamente no podía ser verdad porque al que tiene la razón, es decir, al que tiene amparo de derecho y de ley no se le puede sancionar.
Salvo que sea político y que los jueces sean sus rivales.
A Alan García, en un solo día, sus enemigos políticos le han dicho que todo su patrimonio se ajusta a sus ingresos netos, lo cual sin duda pocos jefes de Estado pueden decir. Y eso que se abrió secreto bancario y tributario y de comunicaciones y otros más. Y el mismo día lo acusan por “infracción a la Constitución” por simplemente haber firmado un decreto de urgencia, que es prerrogativa constitucional, “el cual permitió que pudieran haberse cometido presuntas irregularidades por parte de terceros...”.
Es decir: acusemos al fabricante de Toyota, o Fiat, o al propio Henry Ford por haber inventado y construido automóviles, porque con ellos miles de personas han muerto atropelladas en el mundo. O mejor a los fabricantes de cuchillos de cocina, porque con estos instrumentos se cometen muchos crímenes cotidianamente.
Esa es la conclusión de los enemigos de Alan García. Lo que sirva con tal de inhabilitarlo para que no compita en las elecciones del 2016. Temerosos de rivalizar en la cancha electoral, los aspirantes presidenciales de todas las tendencias sueñan con un “suelo parejo” sin el APRA, como fue el 2011. Tienen como instrumento el Reglamento del Congreso y la Constitución de 1993, elaborados por el fujimorismo en los años más duros de la persecución contra el aprismo, llegándose incluso a consignar el famoso artículo 100 de la Carta fundamental obligando a los fiscales a acusar cuando el Congreso se lo ordene, vulnerando así la propia autonomía que la misma Constitución les otorga. Era con nombre propio, por el hecho de que en 1991 el fiscal que acusó a Alan García desechó tres de cuatro delitos que sus enemigos parlamentarios le imputaban.
Pero hoy la acusación es tan igual de débil que deberán aprender a medir sus consecuencias porque sin duda potenciarán y fortalecerán la candidatura aprista victimizándola y darán pie a que el JNE y el Poder Judicial por simple control difuso y, a sabiendas de que los informes violaron el debido proceso, ordenen su inscripción a toda regla. Vayan pensándolo: nadie sabe para quién trabaja.
