Ahora que el tema de los sismos está en boca de todos, sería bueno que haya una revisión a las nuevas edificaciones en las también flamantes urbanizaciones. Con el boom inmobiliario, algunas municipalidades abrieron sus puertas a la inversión privada (lo que no es malo), pero pasando por alto algunas restricciones para construir.

Por ejemplo, por la calidad de suelo de las diversas ciudades no se puede levantar un edificio que supere los cinco pisos. Sin embargo, pese a que es conocido este peligro, algunos malos alcaldes, con la ayuda de sus funcionarios, permiten obras para la venta de departamentos, como también para el negocio de hospedaje y restaurantes.

Nadie se opone a que los empresarios apuesten por el negocio inmobiliario, pero ellos también deben asumir su responsabilidad sobre dónde meten su dinero. Pero esto no es todo.

Tengo entendido que la supervisión en estas obras, al ser privadas, se restringen a sus expedientes, los mismos que van regularizándose según el avance de la obra. Es decir, a veces se bañan con los zapatos puestos.

Si por alguna razón un ingeniero municipal honesto detecta fallas en la construcción, sería demasiado tarde corregir la edificación. En este caso, los más perjudicados son los compradores de estos inmuebles, quienes solo ven fachadas y ubicación, mas no los materiales.

Sería bueno que los fiscalizadores del concejo o los órganos de control echen un vistazo a cómo se han otorgado las licencias de construcción de los últimos años en las zonas urbanas no aptas para el levantamiento de edificios.

Recuerden que nuestro país engendra a los reyes de la informalidad (un 90% de las construcciones) y algunos malos empresarios son capaces de todo para abaratar sus costos. Y eso que no miramos cómo es que varios levantan sus casas sin que la municipalidad detecte la obra y menos contemplen algún plan de seguridad, como la evacuación frente a un desastre natural. Después no nos quejemos.