El Poder Ejecutivo declaró hoy la reorganización de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), por el plazo de 180 días, a fin de fortalecer la rectoría de ese sistema, lograr mayores niveles de confianza en la ciudadanía, y la eficiencia en la producción de información en materia de seguridad.
Por ello, dispuso la creación de la Comisión Reorganizadora de Alto Nivel de la DINI, según un decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), publicado este domingo en el Diario Oficial El Peruano.
Dicho grupo de trabajo tendrá como objetivos evaluar y proponer las normas que resulten necesarias para la reorganización de la DINI en los aspectos de profesionalización, racionalización; y de modificación de los asuntos operativos, administrativos, técnicos normativos, y de procedimientos.
Estará integrado por tres personalidades de distinguida e intachable trayectoria, que serán designados por resolución suprema refrendada por la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, en un plazo no mayor de diez días calendario,
Los integrantes de la comisión ejercerán sus funciones ad honorem y la comisión podrá invitar a especialistas, representantes de entidades públicas e instituciones privadas, sociedad civil, así como de organismos internacionales.
Asimismo, contará con una secretaría técnica encargada de brindar apoyo administrativo de manera permanente a ese grupo de trabajo, estará adscrita a la DINI y su encargo también será designado mediante Resolución Ministerial de la PCM.
La comisión reorganizadora tendrá un plazo de vigencia de 150 días calendario, contados a partir de la designación de sus integrantes, para presentar a la titular de la PCM, el respectivo informe final que deberá contener las correspondientes propuestas y recomendaciones.
Los integrantes de la comisión reorganizadora y de la secretaría técnica están obligados a guardar reserva y mantener el carácter de secreto de los documentos e información que sean de su conocimiento por razones de
función, aún después del término de su mandato.
La aplicación de dicha norma se financia con cargo al presupuesto de la DINI y no demandará recursos adicionales al tesoro público.