El ministro de Economía, Alonso Segura, dijo hoy que el ejecutivo analizará las implicancias de la norma aprobada en el Congreso que autoriza a Petroperú a operar el Lote 192, pese al convenio vigente con una empresa canadiense; y aseguró que en el Perú los contratos no pueden romperse por una ley.
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El artículo constitucional citado por Alonso Segura señala que “la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”.
Además la Carta Marga indica en dicho artículo que “mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente”.
Alonso Segura, asimismo, dijo que la posición del Ejecutivo es muy clara respecto a una eventual participación de Petroperú en el Lote 192, dado que esta compañía no tiene la capacidad legal, operativa, ni financiera para poder asumir el manejo del citado yacimiento, ubicado en Loreto.
“La posición sigue siendo la misma”, subrayó Alonso Segura en breves declaraciones a la prensa, tras su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde sustentó el Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2016-2018.
El titular de Economía y Finanzas también recordó que Petroperú “no ha extraído una gota de petróleo en los últimos 30 años”, e incluso hoy tiene a su cargo la modernización de la refinería de Talara, proyecto, cuyo financiamiento –dijo- no puede ponerse en riesgo.
Sin embargo, adelantó que el Ejecutivo analizará, de manera responsable, las implicancias de la norma aprobada por el pleno del Congreso, en cuanto la autógrafa de ley sea remitida.
Luego de ello, añadió el funcionario, el Poder Ejecutivo tomará una decisión, siempre en la línea del marco legal vigente y la Constitución Política del Perú.
DESCARTA CRISIS. Finalmente, descartó que exista una presunta crisis en el Gabinete de ministros a raíz de este tema, y más bien afirmó que el equipo ministerial se encuentra “cohesionado”, en torno a la posición adoptada por el Poder Ejecutivo.