:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/27ZEOMJYW5HLXCCTJSRMHYDBUQ.jpg)
El exministro de Justicia Aurelio Pastor, negó hoy ante un tribunal haber acordado o modificado indultos y conmutaciones de condena a sentenciados por narcotráfico durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).
Pastor declaró hoy como testigo durante el juicio instruido por el Juzgado Penal Colegiado Nacional de Perú para determinar la implicación de catorce personas en presuntos sobornos para conmutar penas a narcotraficantes bajo el mandato de García, conocido como el caso de los "narcoindultos".
El exministro aseguró que jamás habló con García sobre alguna gracia presidencial ni tampoco con el entonces presidente de la comisión de gracias presidenciales del Ministerio de Justicia, Facundo Chinguel, que es uno de los principales implicados.
Pastor explicó que "jamás" modificó ninguna recomendación de la comisión en los expedientes de conmutación de penas y que estos salían hacia el despacho del presidente con el mismo contenido que recibía del área gestionada por Chinguel.
El exfuncionario negó además que algún preso le pidiera ayuda durante una visita que realizó mientras era ministro a la prisión limeña de Lurigancho, donde algunos de sus reclusos recibieron presuntamente gracias presidenciales a cambio de pagos a la comisión del Ministerio de Justicia.
"Como ministro de Justicia recibía todos los días un reporte de inteligencia con una labor de investigación realizada en los penales y jamás recibimos información sobre algún cobro irregular por la comisión de indultos y conmutaciones", explicó Pastor.
El exministro cumple actualmente una condena de cuatro años de prisión por un delito de tráfico de influencias en el mismo centro penitenciario donde está recluido Chinguel.
El juicio se celebra después de que una comisión del Congreso que investigó las denuncias de presuntas irregularidades cometidas durante el segundo Gobierno de García determinara el año pasado que entre 2006 y 2011 se otorgaron más de 3.000 conmutaciones de penas a narcotraficantes.
Esa comisión también indicó que se conmutaron las penas de 1.628 condenados por delitos de robo agravado y de 180 por hurto agravado.
La comisión recomendó denunciar penalmente a los funcionarios implicados en estos casos y acusar constitucionalmente a García por haber otorgado indultos y gracias presidenciales a condenados por tráfico de drogas.
Sin embargo, un tribunal ordenó la anulación de esa investigación legislativa con el argumento de que no se había respetado el debido proceso a Alan García, quien niega haber cometido alguna irregularidad durante la firma de los indultos ya que, según indica, solo se basaba en los informes de los expertos.
El ex fiscal general de Perú, José Peláez, aseguró hoy a Radio Programas del Perú (RPP) que no cometió ninguna equivocación cuando excluyó a García de la investigación por los "narcoindultos" y afirmó que lo volvería a hacer. EFE
