Brasil lanza salvavidas a Ollanta Humala y Nadine Heredia

Surgen imprevistos en el juicio oral contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. La justicia brasileña falló a favor de la expareja presidencial y brindó una medida cautelar que implica sustanciales cambios en el curso de las diligencias.

El Equipo Especial Lava Jato deberá actuar ahora frente a nuevas restricciones, además de sus limitaciones por ser una institución ajena al país vecino, después de una disposición que retrasa nuevamente el recojo de las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht.

Como se sabe, varios personajes tienen pendiente ratificar la acusación del Ministerio Público (MP) en el juicio oral por lavado de activos. Marcelo Odebrecht y Jorge Barata debían hacerlo el cuatro y cinco de septiembre.

La tesis fiscal apunta a que Heredia y Humala recibieron dinero ilícito, proveniente de Brasil (constructoras Odebrecht y OAS) y Venezuela, durante las campañas electorales del 2006 y 2011. El MP pide veinte años de prisión para el expresidente y 26 años y seis meses para la ex primera dama. Según la entidad, Odebrecht otorgó $3 millones a la pareja en aquel entonces.

ANTECEDENTES

Hace un año y medio, aproximadamente, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil -máxima instancia judicial en el país vecino- declaró ilegales las pruebas obtenidas de los sistemas informáticos Drousys y MyWebDay B en el caso Odebrecht. Así, no solo determinó la nulidad de las mismas, sino que prohibió realizar cualquier otra diligencia derivada de esta información.

Dichas plataformas habían sido usadas por la constructora para ocultar pagos de sobornos y otros actos ilícitos. El STF adoptó dicha decisión tras advertir que estas pruebas, aparentemente, se trasladaron sin una cadena de custodia correspondiente.

En este contexto, a pesar de la medida adoptada por la entidad brasileña, la Fiscalía peruana continuó recogiendo declaraciones y recabando otros datos en torno a estos sistemas. Lo hizo, según estima el abogado penalista Andy Carrión, tomando en cuenta su autonomía como institución.

“(El Ministerio Público realizó estos actos) sin el control de un juez brasileño (...) sin el control judicial de los órganos que deciden la legalidad o no de la incorporación de pruebas. Y ese es el principal problema (...). La Fiscalía peruana, al ser una entidad autónoma, quizá entendió que esta decisiones solo tienen trascendencia en Brasil. No había ninguna disposición respecto a lo que se recababa en el Perú hasta ahora”, indicó a Correo.

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ESTRATEGIA

En estas circunstancias, la defensa del expresidente presentó un recurso en Brasil, donde la Fiscalía peruana no tiene competencia para litigar, a fin de “garantizar” el correcto desarrollo del proceso. El abogado del exmandatario, Wilfredo Pedraza, precisó que solo se abogó por “cuidar la legalidad” en el recojo de las declaraciones de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht pues, supuestamente, en tomas de declaraciones previas realizadas por el MP no se respetaron ciertos lineamientos.

“La historia jurisprudencial en el Brasil señala que toda declaración que presta un brasileño, ante un juez extranjero, la tiene que hacer en presencia de un juez brasileño”, indicó a Canal N.

La solicitud, sin embargo, logró que el Supremo Tribunal Federal estableciera dos aspectos fundamentales en el juicio contra Humala y su esposa. Uno de ellos alcanza al recojo de declaraciones de los exdirectivos Barata y Odebrecht.

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Ambos tenían programado brindar sus testimonios al Equipo Especial Lava Jato a partir del cuatro de septiembre. Sin embargo, la medida adoptada por el juez brasileño José Antonio Dias Toffoli prohibió cautelarmente que estos realicen sus descargos ante los fiscales peruanos.

El segundo punto establece que los testigos, imputados o colaboradores en Brasil, que declaren en ese país, no puedan aludir, mencionar, o desarrollar algún tema que la justicia brasileña haya declarado ilegal (sistemas Drousys y MyWebDay B).

Esta medida sienta un precedente en el caso contra el exjefe de Estado y otros, pues no se tenía, hasta el momento, un fallo que específicamente dictaminara no usar estas pruebas en el Perú.

“Ya no solamente es válido en Brasil (la ilegalidad de las pruebas de los dos sistemas operativos), sino que ahora el Estado peruano ya no puede validar esta información ni todo lo que de él derive. Creo que el MP en el Perú no esperaba que una decisión jurisdiccional brasileña también implique trascendencia aquí. Los efectos del STF siempre son para Brasil, pero en este caso los abogados han interpuesto esta medida en el país vecino para que trascienda al Perú”, señaló Carrión.

JUICIO

Andy Carrión alertó que, con esta medida, el caso “se debilita sustancialmente”. Precisó que gran parte del acervo probatorio, con base en las pruebas ya desestimadas, será cuestionado por la defensa de Humala y Heredia en el juicio.

“Aún así, decir que el caso ya se cayó es exagerado. Quitar toda la información de estos dos sistemas operativos, y lo que haya devenido, podría reducir el 50% de pruebas o indicios, pero no necesariamente el caso se cae”, puntualizó.

Explicó que estos elementos de los sistemas informáticos, “ya correctamente ingresados” en el juicio oral en curso, ya no serán “sujetos de prueba en el juicio”, sino que tendrán un carácter de indicio o de elemento de convicción. “Los jueces en el Perú no pueden actuar como aislados del mundo (...), por ello, lo que pasará con estos elementos es que ya no serán considerados como pruebas, sino indicios”, afirmó.