Caso Alejandro Toledo: Fiscales van a EE.UU. para destrabar extradición

La congelada solicitud de detención con fines de extradición del prófugo expresidente Alejandro Toledo ha motivado que la Fiscalía de la Nación ejecute medidas que podrían ser cruciales para acabar con el impasse en Estados Unidos (EE.UU.).

Y es que los fiscales Hamilton Castro (Odebrecht) y Manuela Villar (Ecoteva), cuyos pedidos de prisión preventiva contra el investigado exmandatario fueron acogidos en su momento por el Poder Judicial, viajaron el martes último a EE.UU. con la finalidad de “destrabar” el proceso.

Recordemos que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó el encarcelamiento de Toledo en febrero pasado, decisión que derivó en alertas internacionales para su ubicación. Sin embargo, el trámite para su captura se encuentra “pendiente” desde entonces.

UNIDOS. Por ello, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sostuvo una serie de reuniones a puerta cerrada con el equipo especial de Hamilton Castro y los fiscales antilavado comandados por el coordinador de estos despachos, Rafael Vela Barba, con el fin de encontrar una salida en conjunto.

Castro investiga al exlíder del extinto partido Perú Posible por delitos de corrupción al haber recibido $20 millones en sobornos de la empresa Odebrecht a cambio de los contratos de la Carretera Interoceánica, tramos 2 y 3.

Las pesquisas de Villar son por lavado de dinero y giran en torno a las millonarias compras inmobiliarias efectuadas por Eva Fernenbug, suegra de Toledo, con dinero que provendría de presuntos actos de corrupción entre 2001 y 2006.

Fuentes de Correo informaron que Castro y Villar, acompañados por los fiscales superiores Alonso Peña Cabrera y Rafael Vela Barba, sostendrán reuniones esta semana con “altas autoridades” del Departamento de Justicia de EE.UU., en las que mostrarán una institución “unida”.

El Departamento de Justicia será el ente encargado de realizar una evaluación adicional en la que se establecerá la causa probable, punto vital de la extradición. Dicha evaluación está a cargo de un fiscal estadounidense -quien representará al Perú durante el proceso- que pertenece al Departamento de Justicia.

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