El legado de corrupción enquistado en el Ejército Peruano, heredado por Vladimiro Montesinos cuando manipulaba a su antojo la institución castrense durante el gobierno de Alberto Fujimori, “se agravó” durante la gestión de Ollanta Humala.
A esa conclusión llegó la Comisión Especial del Ministerio de Defensa, presidida por el constitucionalista Enrique Bernales, encargada de investigar el proceso de ascensos y pases al retiro irregulares durante la era Humala, de 2012 a 2016.
Correo tuvo acceso a las 125 páginas del informe final de la comisión Bernales, que consta de 7 recomendaciones a nivel normativo y 15 conclusiones, entre las cuales se observan diversas “violaciones” a la Constitución durante la era Humala.
El exministro de Defensa Mariano González expuso el informe final del grupo ante los miembros de la Comisión de Defensa, presidido por Luciana León, el pasado 22 de noviembre. Aquí las conclusiones.
EL “DOC”. El informe cuestiona que, entre 2011 y 2016, numerosos oficiales que por antigüedad y meritocracia tenían el derecho a postular al grado superior, fueron boicoteados debido a que interferían en los planes de “control institucional” de Humala.
“Desde la Presidencia de la República se dispuso que más importante que el ascenso en función al mérito era el propósito presidencial de controlar el Ejército, poniéndolo al servicio de sus propósitos políticos de permanencia en el poder”, se lee en el documento.
“En síntesis -alerta-, fueron las mismas tácticas y el mismo uso perverso del poder que puso en práctica el excapitán Vladimiro Montesinos”.
El documento señala que la constante “intromisión” y “uso político” de Humala en la institución castrense, bajo una fachada de supuesta legalidad, además de afectar su estructura, generó un malestar generalizado en todos sus niveles.
“La intromisión política en la vida institucional del EP ha sido una constante, al punto de generar un descontento en una oficialidad a la que sistemáticamente no se le respetó en su profesionalidad, en su foja de servicios, ni en el orden de mérito obtenido a través del tiempo”, explica.
“No solo se violó el tratamiento jurídico-constitucional de la vida militar, sino que en los casos de oficiales afectados por la arbitrariedad de excluirlos en el ascenso se vulneran sus derechos constitucionalmente tutelados, como los derechos a la dignidad, al honor, a la no discriminación y al debido proceso”, agrega.
CONTROL. La comisión Bernales recuerda que las consecuencias de la corrupción dejada por Montesinos “no fueron sustantivamente revertidas por los gobiernos de origen democrático”, en alusión a la gestión de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Precisa, en ese sentido, que esta situación “se agrava cuando Ollanta Humala asume la Presidencia”. Además, explica que, si bien se cumplió con sancionar a los militares corruptos vinculados al encarcelado exasesor, no se preocuparon en modificar la estructura legal de la institución, dejando la puerta abierta a “abusos” y “actos de poder”.
“Humala se jactó de un plan para gobernar el país durante quince años, es decir, hasta el 2025 (con un periodo, el del 2016 al 2021 en que gobernaría su esposa, Nadine Heredia), y que para ello debía contar con el apoyo del Ejército, el que en los altos mandos debía estar en manos de oficiales de su promoción, Héroes de Pucará y Marcavalle 1984”, advierte el informe Bernales.
La investigación concluyó que Humala “concentró” su gestión en alcanzar el control del Ejército, razón que lo motivó a establecer cambios en el Decreto Legislativo N° 1143 y el Decreto Supremo N° 009-2013-DE, los cuales “tuvieron como propósito principal despejar el camino y apresurar el tiempo para que oficiales de su promoción lleguen a ascender a generales de División con un tiempo de permanencia en el servicio hasta el año 2023.
“Así -agrega el documento-, se elevó sucesivamente el tiempo de permanencia, primero de 35 a 38 años, luego a 40 años; a su vez, se redujo el tiempo mínimo para el ascenso de los generales de Brigada al grado inmediato superior (División), de 5 a 4 años, medida con la cual cuatro miembros de su promoción ascendieron a generales de División y dos más lo deben ser en el ascenso dispuesto para este año (2016)”.